Un adulto mayor que buscaba recuperar $10,000 decomisados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría perdió la batalla legal contra el Estado costarricense.
Según el fallo emitido en marzo por el Tribunal Contencioso Administrativo, el hombre incumplió con la obligación de declarar el efectivo al cruzar los controles aduaneros, una medida estipulada en las normativas nacionales e internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué ocurrió?
El empresario, propietario de una constructora en Heredia, pretendía viajar a Estados Unidos en abril de 2021 para adquirir un vehículo y realizar compras. Sin embargo, las autoridades aduaneras incautaron el dinero al detectar que no había declarado los fondos antes de pasar por los rayos X. Según la ley costarricense, la portación de más de $10,000 en efectivo debe declararse en los formularios proporcionados en los puestos migratorios.
El monto decomisado fue destinado al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), tal como lo establece el artículo 35 de la Ley sobre Estupefacientes y Actividades Conexas.
Argumentos del demandante
En su demanda, el hombre argumentó desconocer la normativa y aseguró que los funcionarios no le proporcionaron los formularios necesarios ni le advirtieron sobre la obligación de declarar. Alegó que el ruido en la terminal aérea y su condición de adulto mayor lo limitaron para comprender los avisos disponibles. Además, acusó a los oficiales de actuar de mala fe, pues le preguntaron sobre el efectivo únicamente después de pasar los controles de seguridad.
El empresario también señaló que la señalización en el aeropuerto era insuficiente y poco clara. En su demanda, pidió la devolución del dinero, una compensación económica por los daños sufridos, intereses generados por el monto decomisado y el pago de las costas judiciales.
Resolución del Tribunal
El tribunal resolvió que la retención del dinero fue legal y que la falta de declaración constituye una infracción objetiva, es decir, no requiere demostrar intenciones o culpabilidad. Según la resolución, el decomiso es una consecuencia civil y no una sanción penal, lo que se alinea con los compromisos internacionales de Costa Rica en la lucha contra el lavado de dinero.
Además, la Procuraduría General de la República (PGR) y el ICD argumentaron que se han implementado medidas informativas en los aeropuertos, como pantallas, banners, mensajes de audio y señalización en español e inglés, para garantizar que los pasajeros conozcan esta obligación.
Compromisos internacionales
La normativa que obliga a declarar montos superiores a $10,000 forma parte de las medidas de Costa Rica para cumplir con tratados internacionales, como el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Estas disposiciones buscan fortalecer los controles fronterizos y prevenir actividades ilícitas relacionadas con el flujo de dinero.
Conclusión del caso
El tribunal, integrado por los jueces Lourdes Vargas Castillo, Ronaldo Hernández Hernández y Eduardo González Segura, determinó que el decomiso no vulneró derechos constitucionales, como el derecho a la propiedad, y que el Estado actuó dentro del marco legal.
El fallo representa un recordatorio sobre la importancia de cumplir con las normativas aduaneras y estar informado sobre las obligaciones al viajar, especialmente cuando se transporta dinero en efectivo.
